Ola golpista en África
Burkina Faso es la última carta en la baraja de gobiernos víctimas de golpes de estado desde el inicio de la pandemia Covid-19 en el continente africano. La zona conocida como África Sahel, está siendo escenario de ruidos de sables. Militares de medio rango se rebelan contra el status quo militar que controla el poder en esos países y sus fuentes de enriquecimiento. Los rebeldes militares encuentran su oportunidad para asaltar el poder durante las protestas populares contra la corrupción galopante, la violencia estatal, y la resistencia de los líderes en el poder a abandonarlo. La mayoría de esos jóvenes militares se presentan como portavoces de la indignación popular. En Burkina Faso, el pasado 24 de enero, el ejercito anunciaba por televisión la deposición del presidente Roch Marc Christian Kaboré. El líder golpista, un joven militar llamado Paul-Henri Sandaogo Damiba, anunciaba la disolución del parlamento junto a la promesa de convocar elecciones futuras. Promesa que se repite entre golpistas militares y que casi nunca se respeta.
Si seguimos el rastro de la insurgencia militar en la zona de Sahel en el últimos 12 meses. Primero nos topamos con Mali, que en un espacio de 10 meses protagonizó dos golpes de estado. El último de ellos el pasado mes de mayo 2021 cuando el coronel Assimi Goïta arrebató el poder al militar retirado Bah Ndaw. Unas semanas antes, el Chad sufrió la pérdida de su presidente, Idriss Deby, asesinado en batalla. Su hijo, el general Mahamat Idriss Deby, se alzó con el poder, suspendió la constitución y disolvió el parlamento. A Chad le siguió Guinea, donde el coronel Mamady Doumbouya mandó capturar al presidente, Alpha Condé, suspendió la constitución, e impuso un toque de queda en el país desde septiembre de 2021. Un mes más tarde, en Sudán los militares liderados por el general Abdel Fattah Al-Burhan arrebataron el poder al gobierno civil de Abdalla Hamdok.
Sin modelos de predicción epidemiológica de golpes militares desconocemos, todavía, si esta ola golpista, que azota el Sahel, ha llegado al pico o seguimos en plena subida. El aumento de la inestabilidad política en esta área se ha extendido a los países costeros en la zona atlántica del continente africano, desde el inicio de la era covid-19. No sólo Guinea ha sucumbido al movimiento de sables. Sólo una semana más tarde del golpe militar en Burkina Faso, Guinea-Bissau, sufrió un intento fallido de toma de poder por insurgentes el 2 de febrero. El presidente Umaro Sissoco Embaló explicó a la agencia de prensa AFP por teléfono que “todo estaba bajo control. El golpe está conectado con el comercio de drogas, pero el ejercito no está involucrado”.
Esta reciente ola golpista está fomentada por múltiples factores nacionales e internacionales. En esas naciones, nos topamos con ciudadanos cabreados hasta el punto de no temer manifestarse en las calles contra la corrupción de sus gobiernos, por la violencia estatal y por instituciones estatales fallidas. Conflictos étnicos y religiosos, promovidos por grupos que ostentan el poder y controlan los aparatos militares a expensas de grupos minoritarios que se quedan fuera del reparto de beneficios estatales. La corrupción galopante de gobiernos, fuerzas de seguridad estatal y sistemas judiciales fallidos, junto a jefes ejecutivos que se niegan a traspasar el poder al término de sus mandatos, son virus nacionales que circulan por los países en la zona atlántica y el Sahel.
Militares que usurpan el papel de salvadores y capitalizan el descontento de las calles para legitimar sus tomas de poder anticonstitucionales. Ciudadanos que apoyan e incluso aplaudan estos golpes de estado convirtiéndose en creyentes de los nuevos valedores de la esperanza perdida. Tanto en Mali, Guinea, Sudán y Burkina Faso los golpes militares fueron ejecutados tras una ola de descontento popular. En Mali, los dos golpes militares acontecieron con el telón de fondo de protesta nacionales contra el presidente Ibrahim Boubacar Keita, acusado de corrupción, nepotismo y empeorar la crisis de seguridad del país. En Guinea, el Presidente Alpha Conde fue depuesto por perpetuar una corrupción endémica gubernamental y no querer abandonar el poder, según la proclamación del coronel golpista Doumbouya. Estos rebeldes militares comparten tácticas de captura de poder. Los golpista en Mali, liderados por el coronel Assimi Goïta, prometieron formar un consejo de transición mixto, militar y civil, en mayo de 2021 para transferir el poder a un gobierno civil al final de la transición. El general sudanés Abdel Fattah al-Burhan, tomo el poder en octubre de 2021 y detuvo al primer ministro Abdalla Hamdok, con el que había negociado gobernar el país. Aunque la presión internacional forzó a la junta militar a reinstaurar el gobierno de Hamdok, los militares siguen controlando la frágil situación política en el país.
Entre los diversos factores internacionales que promueven la inestabilidad política en esos países, la explotación de beneficios por la extracción de recursos naturales y control de puntos logísticos en el transporte transnacional e internacional de mercancías lícitas e ilícitas, dominan el tablero de juego. Una torre de babel de oportunistas que sacan beneficios de instituciones fallidas que les permiten actuar impunemente. Sin control ni rendición de cuentas. Desde hombres de negocios en multinacionales, narcos de carteles de la droga, hombres de estados extranjeros. Todos ellos contribuyen a la pócima mágica para generar inestabilidad política. Pero este terreno óptimo para hacer el negocio sin cortapisas, experimenta efectos secundarios no deseados. La aparición de momentos álgidos de frustración popular, que siguen el comportamiento de las olas pandémicas de covid-19. La llegada de una ola de frustración popular tiene todo tipo de efectos expansivos, y la mayoría de las veces, un cambio de nombres en el poder del estado y del aparato militar en estos países. Nada deseado en paraísos donde la impunidad reina para narcos y buscadores de negocios con rendimientos de escala.
Gobiernos extranjeros, que miran al continente como territorio de oportunidades para explotar intereses nacionales, se niegan a ser actores neutrales en esta zona del mapa africano. Moscú ha mostrado sus músculos respaldando a los líderes como Goïta de Mali o Burhan en Sudán. Ejerciendo campañas de desinformación que avivan sentimientos, ya presentes, anti-francés en la zona francófona de África. Mientras París, con una agenda de exteriores basada en el despliegue militar para mantener la seguridad de sus intereses en África, continua abalando a los lideres fuertes. El presidente Emmanuel Macron refrendó el golpe de estado en Chad, y recordó al presidente asesinado, Idriss Deby, quien gobernó 30 años un régimen autoritario en este país, como un “amigo leal y valiente”.
Burkina Faso, junto a sus vecinos en la zona del Sahel Niger y Mali, lleva años combatiendo grupos rebeldes que actúan bajo el paraguas del yihadismo. Agencias de inteligencia nacionales tienen evidencias que conectan Al Qaeda con el tráfico de drogas en la región islámica del Sahel y Magreb. La red yihadista implementa una estrategia de diversificación de recursos financieros para sus operaciones en los países que opera. Estos grupos de aire yihadista han hecho causa común con el crimen organizado para enriquecerse de los réditos del negocio del tráfico de drogas. El dinero que fluye hacia las tesorerías de los movimientos yihadistas acaban financiando sus campañas de terror en los países que operan.
Otro actor internacional que ha ido ganando terreno en esta zona son las organizaciones criminales internacionales. Los sistemas políticos con altos índices de corrupción y alta centralización militar de sus estructuras de poder, son un terreno óptimo para que operen sus centros de operaciones desde sus territorios nacionales. Los narcos latinoamericanos han encontrado en la ruta transatlántica del africa occidental un lugar apto para el transporte de mercancías ilícitas desde el continente americano al continente europeo. Las voces alertando sobre los peligros que asolan esta zona regional han sido recurrentes durante los últimos 15 años. A pesar de las evidencias presentadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sobre el aumento del tráfico de drogas desde América a Europa con centros de operaciones en esta costa y sus países, poco se ha avanzado para combatirlo. Los países europeos y norteamericano han centrado todo los recursos en combatir el tráfico humano de inmigrantes desde África a Europa y la expansión de grupos rebeldes afiliados a la red yihadista. Gobiernos europeos, como Francia, mantienen estrategias de actuación que favorecen a líderes fuertes aliados en la lucha contra al Qaeda en el Sahel, a pesar de que su fuerza sea en detrimento de la gobernanza democrática en esos países.
Los países litorales del atlántico, desplegados desde Senegal, Gambia, Guinea-Bissau y Guinea, están posicionados, una vez más, en el corredor principal de circulación de estupefacientes desde América a los mercados finales en Europa. Entre 2019 y enero de 2021, ha aumentado el tráfico de cocaína en esa región. La producción de cocaína en Latina América ha alcanzado niveles sin precedentes. Al mismo tiempo que la demanda de esta droga en Europa ha escalado según la UNODC. Los traficantes importan cocaína a través de múltiples entradas portuarias desplegadas en la costa occidental, entre Senegal y Guinea. Incluso han descendido más al sur. Desde 2019, Costa de Marfil se alza como el primero de la clase en el tráfico transatlántico de narcóticos. La lucha contra el tráfico de mercancías ilícitas es arduo, complejo y necesita financiación. Los recursos de control y confiscación de mercancías ilícitas, son mínimos. Las autoridades portuarias en África y Europa tienen una capacidad media de revisión de containers de menos del 2% del total de containers que se mueven a través de sus puertos. La mayoría de las confiscaciones de mercancías ilícitas se efectúan tras chivatazos o investigaciones por agencias de inteligencia.
Desde las zonas portuarias de África occidental, donde desembarca la mercancía de estupefacientes, dos son las rutas principales de transporte por tierra. La primera es Mali, cruzando la frontera sur con Senegal, Guinea, Costa de Marfil y Burkina Faso para transportarse al interior por el norte occidental hasta Mauritania, y de ahí circular por el norte de Niger y el sur de Libia, en su camino hacia el mercado final, Europa. En la segunda ruta, cada vez más importante, los narcóticos se transportan desde Guinea-Bissau hacia Senegal o Mauritania, desde donde se utilizan barcos pesqueros para cruzar la mercancía a Europa.
Las zonas fronterizas en estas rutas son, en muchos casos, terrenos asolados por conflictos internos conectados con movimientos secesionistas. Un ejemplo, es la región de Casamance, zona fronteriza entre Senegal y Guinea-Bissau. Las fuerzas de seguridad senegalesas y los rebeldes de Casamance rompieron una tregua en enero de 2021. Esta región fronteriza es famosa por el volumen de movimiento sin restricciones de todo tipo de mercancías ilícitas, no sólo narcóticos, también armas, madera ilegal e inmigrantes.
La retroalimentación entre el poder político y el tráfico de estupefacientes transnacional tienen a Guinea-Bissau, como ejemplo primario de cómo el tráfico socava los procesos democráticos en la región. Desde inicios del siglo XXI, se ha convertido en un centro de operaciones del tráfico transatlántico de cocaína. En 2005, se desveló cómo narcos colombianos financiaron la campaña electoral del presidente Joao Bernardo “niño” Vieira. Desde entonces se suceden alegaciones repetidas de complicidad de altos funcionarios del gobierno y militares en el tráfico de drogas, además de darse un número alto de decisiones judiciales, ejecutivas y militares cuestionables que beneficiaron a los narcotraficantes. El tráfico de drogas es la primera actividad económica de la elite militar que controla el estado. La inestabilidad política en Guinea-Bissau no ha dejado de persistir. El último intento golpista ocurrió este 2 de febrero tras el intento de asesinato del presidente y su gabinete. ¿Será la cresta de la ola o seguiremos acumulando más casos golpistas en las siguientes semanas, meses?. Sólo el pasar del tiempo nos indicará la virulencia y poder de transmisión de los virus golpistas que asolan el Sahel y la costa atlántica africana.